Ley de concesiones será aprobada con modificaciones en el Senado

martes 24 de septiembre de 2013, 03:00

 

 
 

Exclusividad. Obras como el dragado de la hidrovía, ya solo dependerán del Poder Ejecutivo.

 

Está prácticamente asegurada la aprobación del proyecto de ley De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, más conocido como la iniciativa que promueve la Asociación Público Privada (APP), que debe ser tratado esta tarde en sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. El plazo máximo de las concesiones dadas a las empresas privadas será de 30 años.

 
 
 
 

Los congresistas colorados y liberales votarán a favor, según comunicaron sus representantes de bancada, con lo que quedará sancionada la ley, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Unos 18 votos positivos de la ANR, sumados a unos 10 estimados del PLRA, más los dos votos de Unace serían suficientes.

El Frente Guasu, que se opone al proyecto, aportará cinco votos en contra.

El proyecto de ley es impulsado por el Poder Ejecutivo, que –luego de trabajar con los congresistas– introdujo una serie de modificaciones a la iniciativa original que había sido aprobada en la Cámara Baja.

CUESTIONAMIENTOS. Según se había mencionado extraoficialmente, algunos senadores colorados estarían en contra del proyecto y no se descartan algunos votos en contra fuera de la bancada, según expresaron legisladores de la ANR.

Asimismo, el senador liberal Carlos Amarilla comentó que dentro del PLRA había una división, ya que una mitad de la bancada apoya el proyecto original y la otra mitad respalda la iniciativa con modificaciones. Sin embargo, aseguró que en general los liberales apoyarán esta ley.

El artículo más discutido es el 52, que autoriza al Ejecutivo a tener todo el control sobre la realización de obras en una serie de instituciones y recursos, como la hidrovía (dragado, señalización y mantenimiento), aeropuertos internacionales y en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de rutas y autopistas nacionales.

Los contratos solo dependerán del Poder Ejecutivo y ya no deberán pasar por análisis en el Congreso.

“El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados”, puntualiza la ley.

El mismo régimen se aplica para la construcción, extensión y operación del servicio de líneas ferroviarias; construcción y mantenimiento de puentes nacionales e internacionales; provisión de agua potable y servicios de saneamiento y tratamiento de efluentes; generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; producción y comercialización de hidrocarburos, entre otros trabajos, según la ley que ya tiene media sanción.

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